Pensamientos al vuelo

Ideas, intuiciones y otras cosas que se me pasan por la cabeza


Carta séptima escrita a Javier (II)

Hemos dicho que íbamos a dedicar unas líneas a los mataos que pretendían «resucitar el 15-M». Descubierto ya que «Maricarmen no era Maricarmen» y que los Reales Decretos-Ley que se intentaron publicar con la excusa de la «extraordinaria y urgente necesidad»… de que Su Sanchidad siga en la poltrona porque conviene a sus aliados) no se han aprobado, queda por echar una mirada a la calle.

Ya decíamos en la carta anterior que los acampados en Sol mostraban su fea jeta de orcos comunistas. Nos hemos ido enterando de más cosas. Ahora ya no se pueden manifestar por el «derecho de Maricarmen» porque la buena señora, oportunamente, decidió morirse. Que lo hiciera justamente durante la tramitación de los Reales Decretos ha levantado sospechas acerca de una posible eutanasia: «¡La han matado! ¡La han matado!», berreaba una capitosta del cotarro. Pero el hecho es que «Maricarmen», muerta, ya no sirve ni como mártir por la causa: «Hasta luego, Maricarmen».

A todo esto, no queremos dejar de anotar que, si uno oye a estos cayetanos travestidos de orcos, los problemas del alquiler sólo se dan en Madrid, «con la derecha y la ultraderecha». Pero si uno se eleva por encima de ese «ruido y furia» impostados se enterará de que desahucios los hay en todas partes. También en L’Hospitalet del Llobregat. En esa población, una mujer llamada Olga Matute, de 57 años, se suicidó. Aunque no sea un caso propiamente de alquiler, sino de hipoteca, se puede inscribir bajo el rótulo de «problema de la vivienda».

Hay que decir que su caso es un caso atroz: dejó de percibir la pensión compensatoria por parte de su exmarido y perdió su trabajo. Ambas circunstancias impidieron que Olga hiciera frente a las cuotas hipotecarias impagadas; y su Banco, que tendrá mucho interés y poco o ningún corazón, procedió a su desahucio por falta de pago. Éste es un caso en que se ve clara la brecha entre justicia, Derecho y legislación. El Banco bien podría decir: «No, si yo comprendo su situación. Pero si empezamos a hacer excepciones…». La pregunta es: no siendo L’Hospitalet una población tan grande, ¿dónde estaban antes todas esas personas y asociaciones que ahora convocan lacrimógenas protestas por el hecho luctuoso? Y lo peor es que Olga ha dejado huérfanos de madre a dos hijos, que son los que suelen pagar el pato de los desarreglos entre sus padres. Sin embargo y por lo que sea, esto no ha interesado a los orcos acampados en Sol. ¿Será porque el Ayuntamiento de esa población, la Gencat y el desgobierno nacional son del mismo color?

Así, pues, la lucha ahora ya no es por «el derecho de Maricarmen»; ahora es por «el derecho de todos, todas y todes» al alquiler. Me pregunto cuántos de ésos se habrán leído los famosos «decretos Maricarmen» (a todo esto, ¿no era la pesoe la que criticaba que «se gobernara por decreto»?) y hayan entendido a quién beneficia en verdad esa legislación. De lo que he visto por ahí (por ejemplo al youtuber Adrián RescueYou preguntar simplemente a algún acampado si se los había leído), resulta que no hay por dónde coger las respuestas, de las que hay variantes:

a) La individual, que es de dos tipos: «Ah, de eso yo no sé nada. Yo estoy aquí por Maricarmen y por el alquiler». Y la segunda es que alguno prácticamente te recita Das Kapital… lo que ya te pone sobre la pista de que no es un simple alumno.

b) La colectiva: basta que entre en el «recinto» un periodista desafecto y sea identificado como tal. En menos de un minuto se forma un corrillo de berreadores, berreadoras y berreadoros que impiden al profesional hacer su trabajo, berreando «¡Fuera, fascistas, de nuestros barrios!». Serían necesarios dos esfuerzos: el primero, la definición de «fascista» y cómo encaja en alguien que simplemente pregunta. Y el segundo, para aclarar lo de «nuestros barrios». ¿Nuestros? Los de abajo tal vez no, pero ya sabemos que los de arriba son cayetanos con roña y greñas.

Habría una tercera, que se acercaría al nivel delictivo: imaginemos al periodista, acompañado de un compañero cámara. Imaginemos que el periodista dice: «Vean la realidad de la acampada», sin acompañarlo de comentarios. El cámara va filmando: se ve el espectáculo dantesco que presenta el «recinto». De pronto, aparecen dos o tres personas con cara de mala hostia y dicen al cámara: «¡Que no grabes, joder!», pudiendo llegar a la agresión física. Mayor es la apuesta si se trata de una periodista. En este caso, el agresor es acompañado por una gachí acampada «para que los fachas no digan que es una “agresión machista”». En ese caso y ya dando por supuesto que la policía protege a los campistas y no de ellos, sería una solución contratar seguridad privada con la orden de emplearse a fondo si las agresiones suben de tono. Al menos, es una idea para garantizar la integridad física de los periodistas que simplemente pretenden hacer el trabajo por el que les pagan.


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